Adolescentes y jóvenes que se fueron del país antes de los 9 años de edad no pueden renovar pasaporte porque no tienen cédula
Si en Venezuela es difícil
obtener un pase de salida provisional por la escasez de material, en el
exterior es aún más cuesta arriba que venezolanos obtengan respuestas que
garantice su libertad de tránsito.
Mariela lleva 16 años viviendo en
Francia. En 2009 viajó a Venezuela para renovar el pasaporte, pero como no se
lo entregaron a tiempo tuvo que regresar a Europa sin el documento. No se fue
del país sin antes tener un permiso provisional de salida, que autorizó el
Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, y de que le
dieran la opción de que un familiar autorizado retirara el pasaporte, que jamás
fue entregado. En siete años el Consulado de Venezuela en Francia nunca le solventó el problema; y,
dada la escasez de material, la única solución que le ofrecieron fue otorgarle
otro permiso provisional para volver a su país a repetir el trámite. Volvió en
diciembre pasado y se encontró con la crisis y la escasez de material para
garantizar el derecho a la identidad.
Pese a que tomó la previsión de
estar dos meses en Venezuela para finiquitar la diligencia, no fue suficiente.
En la sede central del Saime, en Caracas, expuso su caso y le dijeron que no
hay solución porque está bloqueada en el sistema por no retirar el pasaporte en
2009. Como mínimo pasará un mes para volver a solicitar una cita, pero no
tendrá el documento antes de marzo por la falta del policarbonato –material que
se importa de Alemania– para elaborarlo.
“Estoy en un país en crisis
económica y moral. Me pidieron 500 dólares para darme el pasaporte en una
semana. Esto es una mafia”, denuncia.
En otras partes la historia es
similar. El Consulado de Venezuela en Estados Unidos no atiende los teléfonos
ni responde correos electrónicos. Rivero reside en Miami desde 1979 y ahora que
afronta problemas para renovar su documento porque el Saime no le fija cita, no
puede viajar al país con pasaporte estadounidense pese a que ya tiene esa
ciudadanía. “No puede ser que no tenga derecho de ir a abrazar a mi familia”,
se queja.
Los hijos de nadie. Hay quienes
no pueden entrar a su país y quienes ni siquiera pueden tener una cédula que
los identifique como venezolanos. Los hermanos Longart migraron a España con
sus partidas de nacimiento cuando tenían 8, 4 y 3 años de edad. Hoy, 14 años
después, son considerados apátridas; es decir, personas que no cuentan con una
nacionalidad. Y el consulado de Venezuela en ese país no les da soluciones.
Solo los censó.
Luego de 14 años los hermanos
Longart debían renovar pasaporte, pero sin la cédula que jamás obtuvieron
porque se fueron antes de cumplir 9 años de edad no pueden gestionar ese
documento. El mayor necesita el pasaporte renovado para hacer pasantías y
graduarse; el menor lo requiere con el fin de ingresar a la universidad, y el
otro para aceptar las becas que se ganó en países de Europa. Sus vidas están
paralizadas.
La única manera de tramitar el
documento es que la familia viaje a Venezuela con el propósito de resolver el
problema legal. La madre, María Elena Longart, señala que no cuenta con
recursos económicos para pagar el pasaje de sus hijos, su esposo y el de ella
misma. El consulado lo sabe, pero la única opción que les da es censarlos para
que figuren en una lista de venezolanos
que se encuentran en situación similar.
El abogado Carlos Trapani,
experto en derechos de niños, niñas y adolescentes, explica las oficinas
consulares no tienen competencia para emitir los documentos de identificación,
pero en vista de que hay casos de niños que se fueron del país antes de poder
gestionar una cédula por ser menores de 9 años de edad, deben reformarse las
competencias.
“En el escenario más crítico
se extiende la prórroga del pasaporte,
pero pueden hasta perder la residencia en donde están viviendo. El gobierno
debe adoptar mecanismos porque si es un requisito tener cédula para renovar el
pasaporte, se le debe dar esa competencia a las oficinas consulares para
permitir la identificación de los niños. No solo en desde el punto de vista
jurídico, sino también como política pública”, dice el especialista.
María Elena Longart pudo viajar a
Venezuela porque la empresa en la que trabaja realiza anualmente un evento para
cumplir el sueño de algún empleado. Todos los trabajadores votan por el
compañero de su preferencia. Este año Longart fue operada por padecer cáncer de
mama, y por esa razón decidieron regalarle un pasaje para que visitara a su
familia en el país. Aprovechó para pedir ayuda en el Saime, pero allí
desconocen que existen trabas y que hay un censo de venezolanos sin identidad.
Tampoco dan una solución. “Temo que mis hijos sean deportados porque están
ilegales”, expresa.
En el Líbano está otro
venezolano, de 22 años de edad, de quien su madre, también nacida en Venezuela,
prefirió no revelar la identidad. En 1996 migraron a Siria porque sus abuelos
nacieron allí, y no volvieron debido al alto precio de los pasajes. Tras la
guerra en ese país el joven cruzó la frontera hacia el Líbano con el fin de
ganar dinero y tratar de resolver su problema. Duda sobre viajar a Venezuela,
donde no hay material para el documento.
“Estamos intentando que la
embajada le haga una prórroga de urgencia al pasaporte vencido porque es algo
que se hace en esos casos de emergencia, y así pueda regresar a Siria a casa de
su familia. En el Líbano lo han multado ya 3 veces con 100 dólares cada una.
Estamos esperando respuesta del consulado venezolano en el Líbano”, manifestó
la mujer.
Piden que TSJ agilice decisión
sobre gratuidad del pasaporte para niños
Desde marzo de 2015 la Asociación
Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje espera que el Tribunal Supremo de
Justicia agilice la decisión sobre el cobro del trámite de pasaporte a niños y
adolescentes que establece la reforma de la Ley de Timbre Fiscal promulgada vía
habilitante.
Cecodap señala en su recurso que
la normativa genera un conflicto en relación con el pago de tasas para la
expedición y renovación en el país de pasaporte a niños, niñas y adolescentes
porque “implica una violación del principio de gratuidad reconocido en la Ley
Orgánica para la Protección de niños, Niñas y Adolescentes”, y además es una
medida regresiva que elimina la exoneración de que gozaban los niños y amenaza
el derecho de obtener documentos públicos de identidad que establece el
artículo 22 de la Lopnna.
CIFRA
69% de los encuestados por la
cuenta @ReporteYa con el fin de conocer
cómo ha sido la experiencia para solicitar pasaporte, respondieron que siguen
en espera. Solo a 27% de 157 usuarios se lo entregaron. A 4% le dieron uno
provisional
Fuente: http://www.el-nacional.com/
