Representantes de la industria automotriz solicitaron que se revise la medida de embargo que afecta la transnacional. El coordinador del Motor Industrial y presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad y el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, sostuvieron una asamblea de emergencia con los trabajadores, la tarde de este jueves.
Con motivo del anuncio del cese
de operaciones de la General Motors en el país, efectiva a partir de ayer, la tarde de este jueves, el
coordinador del Motor Industrial y presidente del Banco Bicentenario, Miguel
Pérez Abad, y el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, se reunieron con
los trabajadores de la planta de esta empresa en Los Guayos, Valencia, embargada por decisión
tribunalicia, para trazar el rumbo de la actividad en estas instalaciones, y
garantizar el trabajo de sus empleados.
De acuerdo a lo informado en
primera instancia, la estrategia está orientada a impulsar el arranque de las
actividades en esas instalaciones, a través de un apalancamiento financiero que permita restablecer el aprovisionamiento
de los insumos necesarios para el ensamblaje de vehículos, así como interponer
las fórmulas necesarias para encontrar soluciones al problema planteado.
El miércoles 19 de abril, los
representantes de la transnacional, fueron enterados de la medida de
confiscación de las instalaciones, así como de bienes inmuebles pertenecientes
a la empresa, emitida por el Tribunal Tercero en lo Civil, Mercantil y
Tránsito, que afecta a la Planta ubicada en Valencia. A este respecto, la cada
matriz ubicada en Detroit, Estados Unidos, emitió un comunicado en el que especifican que “la
empresa rechaza firmemente las medidas arbitrarias adoptadas por las
autoridades y tomará enérgicamente todas las acciones legales dentro y fuera de
Venezuela para defender sus derechos”, estipulan.
Acotan que se comete un “daño
irreparable a la compañía, a sus 2.678 empleados, sus 79 concesionarios (la red
de servicio mayor del país con más de 3.900 trabajadores) (que suman 6.578) y
sus (12.000) proveedores”.
Gabriel Briceño, presidente de la
Asociación de Distribuidores de Automóviles del estado Nueva Esparta (Adane),
solicitó al Ejecutivo a nombre del
sector, previo a la visita de los funcionarios de Gobierno a la Planta de Los
Guayos, que “intervenga y revise de
inmediato esta medida tribunalicia que va en contra del acuerdo que se firmó
hace quince días con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera
para impulsar la industria automotriz. Esta decisión contraría las intenciones
del Gobierno, y representa un duro golpe al sector y al país”, sostuvo.
Se refiere Briceño al acuerdo
firmado el pasado 27 de marzo, en el marco de la Expo Venezuela Potencia 2017,
entre el Gobierno Bolivariano y el sector empresarial privado automotriz,
orientado al fortalecimiento de la producción nacional de vehículos automotores
particulares, de carga y motos productivas.
En esa oportunidad, informó el presidente de la República,
Nicolás Maduro, que esta alianza traería como resultado la creación de
"90.000 nuevos puestos de trabajo
en la industria automotriz nacional, es mano de obra calificada y súper
calificada”.
Según explicó ese día, esos
acuerdos plantean el acceso al sector privado de divisas para la importación de
insumos suficientes, explicó Maduro. Otro de los más importantes objetivos de
la iniciativa es la sustitución del 25 % de las partes y autopartes que se
importan en el sector, amplió el Mandatario.
Los trabajadores de la planta
ensambladora de Los Guayos, que fue embargada, sostuvieron desde tempranas
horas de este jueves, una asamblea para analizar la situación, en ella se
aseguró que la sentencia emitida el 4 de abril de este año por el Tribunal
Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito, ratifica una decisión anterior
(Sentencia 1682) emitida por el TSJ, el 15 de diciembre de 2015, y que ordenaba
a General Motors Venezolana responder a las demandas del concesionario que
ejerció la acción el 6 de junio de 2001, aseguraron.
Al momento de la redacción de
esta nota, aún se desarrollaba la asamblea de emergencia entre los funcionarios
de Gobierno y los trabajadores de la planta afectada por la medida, en
Valencia.
Fuente: http://www.eluniversal.com/
